Muchas de las empresas de vigilancia y control desarrollan productos para convertirlos en herramienta para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las utilicen y lleven a cabo investigaciones. El objetivo principal de estas empresas es vender y obtener beneficios, cuantos más mejor. De ahí se desprende que no les corresponde a ellas cuestionar los objetivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al aplicar su tecnología y generalmente dejan la legalidad de sus herramientas para que los gobiernos la aborden dentro de su propio marco legal, si es que lo hacen.
Herramientas populares como el UFED de Cellebrite, que es una herramienta conocida y extendida utilizada por agencias de todo el mundo, no proponen precauciones o sugerencias sobre cómo implementar la tecnología que proporcionan en línea con los estándares de derechos humanos. Es más, en la presentación que hacen para inversores, Cellebrite reconoce que uno de sus grandes riesgos es que algunos de sus “productos pueden ser utilizados por los clientes de una manera que es, o que se percibe que es, incompatible con los derechos humanos” y que “cualquier percepción de este tipo podría afectar negativamente a su reputación, ingresos y resultados de las operaciones”. A pesar de eso, la compañía sigue vendiendo sus productos a regímenes represivos y permitiendo detenciones, enjuiciamientos y hostigamiento de periodistas, activistas de derechos civiles, disidentes y minorías en todo el mundo.