El marco jurídico e institucional del respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos es complejo y cambiante. Incorpora niveles de toma de decisión diferentes (internacional, europeo, nacional e, incluso, local), así como instituciones y organizaciones, cuya relación no siempre es fácil de determinar.
Memoria justificativa de la guía para a la protección y la promoción de los derechos humanos en la contratación pública
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“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.” Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)
El grado de garantía de los derechos humanos en España es, en cualquier caso, alto en una escala global, teniendo en cuenta las actuaciones que se producen dentro del territorio del Estado. Esto no significa, sin embargo, que no puedan exigirse esfuerzos mayores, por ejemplo, frente a las recomendaciones (casi-vinculantes) hechas por los comités de las Naciones Unidas o que no puedan promoverse iniciativas aún emergentes como la introducción de cláusulas sobre derechos humanos en la contratación pública.
Y es que la contratación pública tiene una función estratégica como impulsora de políticas sociales, económicas y ambientales y, por ende, como garante de los derechos humanos. La contratación pública puede promover prácticas más sostenibles y respetuosas con los derechos humanos por parte de las empresas licitadoras, a la vez que confiere a la Administración un rol protector y vigilante de estos derechos fundamentales reconocidos en los textos jurídicos de más alto rango.
Esta sección, llamada “Memoria justificativa de la Guía para la protección y la promoción de los derechos humanos en los procesos de contratación pública”, tiene por objetivo determinar el marco normativo e institucional de los derechos humanos en el mundo, Europa y en España, así como el marco normativo y la función estratégica que hoy corresponde a la contratación pública española. Así, la Memoria demuestra que el propósito de la Guía, contenida en la sección siguiente, está plenamente justificado y fundamentado jurídicamente.