A cargo del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE)
Acabar con la impunidad empresarial, empezar desde una base común
En las últimas décadas de hegemonía del modelo neoliberal, hemos asistido a la progresiva concentración del capital en grandes conglomerados empresariales con un enorme poder económico, pero también político. El peso político de estos grandes conglomerados, que tienen la capacidad de influir en decisiones gubernamentales, posicionan a los políticos y a las políticas en sus órganos de dirección, y chantajean a los Estados con sus desinversiones. Ello se refleja especialmente en la instauración de un entramado de normas vinculantes para los Estados que garantiza la impunidad de las acciones empresariales, atentando contra los pilares del Estado de Derecho y los derechos humanos más básicos.
Las organizaciones de la sociedad civil denuncian desde hace años una violación sistemática de los derechos humanos por parte de las empresas y la gran dificultad que tienen para responsabilizar a estas corporaciones por sus abusos. Esto es debido a la instauración de un derecho corporativo global y a la creación de complejísimas cadenas de suministros y grupos empresariales que complican la atribución de responsabilidades. Nos encontramos, por tanto, ante una auténtica arquitectura de la impunidad que blinda los intereses de las corporaciones por encima de los derechos humanos de las comunidades afectadas y las personas trabajadoras.
La impunidad es la norma y no la excepción. El acceso a la justicia y a la reparación efectiva continúa siendo una ilusión para la mayoría de víctimas de violaciones y abusos. Estas situaciones se dan de manera sistemática tanto en América o en Asia, como en nuestro propio ámbito mediterráneo, donde parece haberse normalizado el beneficio empresarial en zonas ocupadas como Palestina o el Sáhara Occidental. En territorios ocupados, por ejemplo, empresas de todo el mundo se benefician de un acceso a los recursos naturales que no cuenta con la aprobación de las propias comunidades locales, las cuales tampoco reciben ningún beneficio por ello.
De hecho, no es infrecuente que las grandes empresas españolas establezcan acuerdos o contraten los servicios de empresas extranjeras que han sido condenadas o están siendo investigadas por casos de violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de guerra. Grandes empresas que son culpables de violaciones de derechos humanos se esconden tras su opacidad (el llamado velo empresarial) y se excusan en la supuesta inocencia de las empresas matriz, que pretenden no tener responsabilidad en cómo las filiales o empresas subcontratadas actúan. Seis años después de la aprobación de los Principios Rectores de Ruggie, el número de vulneraciones no ha disminuido, y las denuncias públicas o identificación de empresas no ha supuesto ningún cambio de actitud empresarial significativo que avale la autorregulación y la idoneidad de contar tan solo con principios voluntarios. La actividad transnacional urge establecer mecanismos vinculantes y efectivos para controlar la cadena de suministro de las empresas transnacionales, esencial para garantizar el respeto de los derechos humanos.
Leyes como la aprobada en Francia en marzo de 2017, a pesar de ser insuficientes, establecen mecanismos para levantar el velo corporativo, controlar la diligencia debida de las empresas y estimularlas a supervisar que en toda su cadena de valores, desde las inversiones que las financian, las minas de donde extraen las materias primas, hasta el producto que llega al consumidor, esté libre de violaciones de derechos humanos.
Actualmente, el mundo está lleno de casos de explotación infantil, esclavitud, crímenes contra el medio ambiente y los recursos de los que viven comunidades enteras, pero también casos de tortura, abusos sexuales, etc. La Organización Internacional del Trabajo nos recuerda que hay 25 millones de personas en situación de trabajo forzoso.
Este impacto en los derechos humanos nos obliga a repensar un debate global así como local para identificar nuevas estrategias que permitan prevenir estos abusos, desmantelar la arquitectura de la impunidad y construir una cultura en el ámbito empresarial de respeto de los derechos humanos como actores socialmente responsables con su entorno y las comunidades donde operan. Las sesiones de trabajo en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la creación de un tratado internacional para las empresas transnacionales o la Resolución 359/XI aprobada por el Parlamento catalán en 2016, cristalizan los esfuerzos para reforzar la gobernanza global y los instrumentos del Estado para asegurar que las empresas transnacionales respeten también los derechos humanos más allá de nuestras fronteras.
La importancia de la contratación pública
Ante unas injusticias globales que nos hacen sentir impotentes, un instrumento para empezar a trabajar desde el refugio de la proximidad es promover una contratación pública que respete los derechos humanos en toda la cadena de suministro. Una contratación pública valiente, creativa y realmente justa tiene actualmente margen legal suficiente para desarrollar mecanismos que obliguen a las empresas a llevar a cabo la diligencia debida en sus actuaciones y no solo a través de declaraciones de intenciones o protocolos sellados que a menudo no tienen un seguimiento efectivo.
Las administraciones europeas, estatales y locales han creado una infraestructura compleja para desarrollar las diferentes fases de los procesos licitadores; desde su anuncio hasta el seguimiento del cumplimiento de los requisitos y funciones acordadas entre el órgano adjudicador y la empresa contratada. Todo ello en el marco de la gestión eficiente del dinero de las personas contribuyentes que tradicionalmente priorizaba la selección de la oferta más barata entre las diferentes ofertas licitadoras.
Actualmente, sin embargo, se reconoce en el marco principalmente europeo, como argumenta la Guía, que la contratación pública tiene una función estratégica en la promoción “de prácticas más sostenibles y respetuosas con los derechos humanos por parte de las empresas licitadoras”. Las administraciones públicas tienen también la obligación de ejercer el “rol protector y vigilante de estos derechos fundamentales”.
La Directiva europea 24/2014 sobre contratación pública supone un cambio de paradigma en esta dirección. Por un lado, se incorporan criterios sociales y medioambientales como parámetros de calidad de la obra, suministro o servicio que se ofrece. Por el otro, el órgano adjudicador tiene ahora la posibilidad de valorar cualquier aspecto del ciclo vida de la obra, suministro o servicio que se pretenda adquirir, desde su producción hasta su destrucción, incluyendo procesos específicos de fases ulteriores del ciclo de vida, incluso cuando estos factores no formen parte de la sustancia material.
Estos cambios legislativos a nivel europeo son el reflejo de una tendencia global que plantea la contratación pública como herramienta de transformación social y la defensa de los derechos humanos. Desde este mismo momento, pues, las administraciones públicas pueden empezar a trabajar para acabar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos de las empresas transnacionales. Desde el ODHE vemos esta Guía como un importante paso hacia la transformación de la economía, para que sea realmente una herramienta al servicio de los pueblos y la ciudadanía, coherente con los derechos humanos tanto en nuestro país como en el resto del mundo.
La lucha a nivel global proviene de abajo, de los miles de activistas que se movilizan desde cualquier parte del mundo para intentar detener, a veces con sus propios cuerpos y sus vidas, las vulneraciones y abusos que las empresas transnacionales realizan en pro del beneficio económico. La lucha se inicia, pues, desde abajo, y es desde la comunidad donde se pueden articular propuestas más transformativas y valientes. Es desde el ámbito local donde se pueden articular propuestas efectivas, buenas prácticas y ejemplos que otorguen fuerza, legitimidad y realidad a la lucha global.
Empezar desde abajo implica también establecer mecanismos de participación y de coordinación entre las administraciones públicas, los centros de estudios, la sociedad civil y las comunidades a fin de garantizar que la economía está realmente al servicio de las personas, y que las empresas transnacionales no pueden dotarse simplemente de grandes equipos de abogados, protocolos, papeleo y sellos privados para superar cualquier mecanismo destinado a controlar y promover el respeto a los derechos humanos.
Más allá de las regulaciones que operativizan la implementación de los derechos humanos, hay que establecer mecanismos y espacios permanentes de diálogo y participación de la población en las administraciones públicas, es decir, democratizar las estructuras públicas. Trabajar más estrechamente con organizaciones y la sociedad civil permite aumentar la sensibilización ciudadana, promover buenas prácticas y, sobre todo, evita enrocarse en sentencias judiciales firmes para excluir ciertas empresas de los procesos de contratación pública. Hay que garantizar que las comunidades puedan hacer oír su voz y que las administraciones públicas la escuchen de verdad.