La Guía tiene como objeto todos los contratos públicos, ya sean de derecho administrativo o de derecho privado, adjudicados por las entidades contratantes a las que se hace referencia en el apartado anterior. Las medidas para favorecer los derechos humanos se pueden incluir, en función de las características del contrato, en las siguientes fases del procedimiento de contratación:
- Fase de preparación. Definición de condiciones especiales de contratación
- Fase de selección. Criterios de solvencia y admisión
- Fase de adjudicación. Valoración de las ofertas de las empresas licitadoras
- Fase de ejecución. Condiciones de ejecución, sanción y resolución
Las medidas establecidas en esta Guía se incluirán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) o bien en los pliegos de condiciones técnicas, y la figura de la persona responsable del contrato es quien debe hacerlas efectivas.
Esta Guía tiene carácter general y su aplicación concreta dependerá del tipo de contrato y del procedimiento de licitación. Dada la finalidad estratégica de esta Guía, la defensa y promoción de los derechos humanos, la incorporación de estos criterios no conlleva en ningún caso una ventaja específica y concreta en el contrato para alguna de las empresas contratistas. Por esta razón, la defensa y la promoción de los derechos humanos puede estar presente en todo tipo de contrato público, al margen de su objeto.