A càrrec de Claire Methven O’Brien
Asesora Estratégica, Derechos Humanos y Desarrollo, Danish Institute for Human Rights.
Los gobiernos son megaconsumidores de productos y servicios manufacturados, que van desde la construcción de infraestructuras y proyectos de desarrollo urbano; la adquisición de elementos complejos tales como sistemas de armas; la puesta en marcha de servicios públicos esenciales en el sector de la salud y la asistencia social; la compra de artículos de salud incluyendo productos farmacéuticos, muebles, uniformes y equipos de alta tecnología, hasta la adquisición de artículos generales tales como papelería y productos alimenticios.
En todo el mundo, la compra pública cuesta más de 1 billón (1012) de euros anuales, que representan el 12% del PIB, de promedio, en los países de la OCDE. Las compras de los gobiernos representan, pues, una parte importante de la economía global total. Los gobiernos tienen un alto potencial para influir, a través de la contratación, en las condiciones del comercio y la conducta corporativa en diversos sectores industriales. Mediante la compra pública se pueden promover los derechos humanos, especialmente los de los trabajadores y las trabajadoras, mediante la introducción de condiciones específicas en los contratos de compra para ejercer influencia sobre sus proveedores y proveedoras inmediatos y, al mismo tiempo, sobre otras empresas que participan en el proceso de producción.
Así, la contratación pública tiene un gran potencial para promover el disfrute de los derechos humanos, tanto a nivel local como a través de cadenas de suministro transnacionales. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha prestado mucha atención a este rol. Además, a través de sus relaciones de compra, los compradores públicos se han visto implicados en graves abusos contra los derechos humanos, como el tráfico de personas y la esclavitud moderna, en sectores como la agricultura, la pesca y los servicios de limpieza. En los últimos años, entre las personas que murieron en el desastre de Rana Plaza y los incendios de una fábrica en Bangladesh se encontraban mujeres que trabajaban para empresas que suministraban productos textiles a gobiernos. El trabajo infantil sigue siendo muy frecuente en las cadenas de suministro de diversos productos como adoquines, cacao y guantes de goma para los gobiernos.
El marco de 2011 y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos pedían a los Estados que abordaran los impactos sobre los derechos humanos derivados de su conducta como actores económicos, también en el ámbito de la contratación pública. Además, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible identifica la contratación pública como parte clave para el avance hacia una producción y un consumo sostenibles, así como una economía más inclusiva. Hasta ahora, sin embargo, ha faltado una orientación detallada para que los compradores públicos proporcionen la orientación necesaria sobre cómo integrar los derechos humanos en el proceso de contratación de manera significativa, sin dejar de cumplir con otras normas legales y objetivos políticos.
Esta Guía pretende ser un apoyo inestimable para los compradores públicos para que cumplan con los objetivos de una contratación eficaz y eficiente, a la vez que ayuda al Estado a cumplir su papel fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos.