De compras con la Hannah Arendt (Featuring Angela Davis)
- El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo y Shock Monitor lanzan ‘De compras con Hannah y Angela’, un vídeo realizado por Christian Flores que pretende generar un debate sobre la responsabilidad del consumidores y administraciones públicas en la adquisición de productos y servicios en cuya cadena de producción se vulneran los derechos humanos. La pieza pone especial foco sobre la compra pública de material proveniente de territorios ocupados y que ha sido testeado con población civil.
- Junto al vídeo, los observatorios han publicado el informe “Los muros invisibles de la ocupación: La trazabilidad de los productos de Magal Security Systems en las cadenas de suministro de la ciberseguridad en Israel y Palestina”, una investigación sobre la transnacional, cuya filial MagalS3, recibe grandes contratos por parte de administraciones públicas en España y Cataluña, a pesar de que varios de sus productos acumulan vulneraciones en su cadena de producción. Por ejemplo, incluyen tecnología Smart-M de Mer Group incluida en la lista de Naciones Unidas de empresas con actividades económicas en los asentamientos ilegales de los Territorios Palestinos Ocupados.
¿Qué parte de responsabilidad tiene el consumidor en la adquisición de productos o servicios en cuya producción se han vulnerado los derechos humanos o el medio ambiente? ¿Y la administración? Es el debate que plantean El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo y Shock Monitor con el vídeo ‘De compras con Hannah y Ángela’. A través de la teoría de la banalidad del mal de la filósofa alemana Hannah Arendt, los observatorios invitan a reflexionar sobre cómo la falta de transparencia y de responsabilidades políticas permiten que, a través de la compra, los consumidores participemos en el engranaje de vulneraciones sin necesariamente ser conscientes de ello.
Cuando no podemos fiarnos de las empresas, la principal responsabilidad es política
El vídeo sensibiliza sobre la responsabilidad del consumidor individual desde el momento en que es consciente de la vulneración, pero señala a las administraciones como las grandes responsables, por no regular ni controlar las actividades de las corporaciones “ya que se ha visto que no podemos fiarnos de las empresas” que sólo persiguen el beneficio económico.
En la economía global, a menudo la producción de productos y prestación de servicios está inscrita en complejas cadenas de suministro y valor en las que participan múltiples empresas y procesos. Esta fragmentación, así como el hecho de que las grandes transnacionales deslocalizan su producción en países distintos a su sede social o su casa matriz, y a la inexistencia de un marco jurídico vinculante internacional que les obligue a respetar los Derechos Humanos, diluye la responsabilidad jurídica en caso de vulneraciones de derechos humanos.
Como consecuencia, tanto el consumidor privado como las administraciones acaban adquiriendo productos manchados en cuya producción no han sido respetados los Derechos Humanos. Este hecho es más grave en el caso de productos o servicios adquiridos en procesos de contratación pública, dado que las administraciones deberían actuar con diligencia debida, que es el proceso mediante el cual se investiga a una persona o entidad jurídica antes de firmar un contrato o acuerdo económico. La contratación pública representa cerca del 20% del PIB por lo que tiene un innegable peso en la economía y capacidad de moldear el sector. Las administraciones tienen la obligación de dar ejemplo, pero sin embargo, a menudo adquieren servicios y productos manchados de vulneraciones.
Según Lina María González, coordinadora de incidencia del ODHE y 99,3% responsable, “en la producción de un producto o servicio, debería haber una responsabilidad subsidiaria en toda la cadena de suministro en el caso de que se produzcan vulneraciones de DDHH. Pero para que exista esta responsabilidad compartida, es necesaria la transparencia: la trazabilidad del producto o servicio de la casa matriz y sus subsidiarias”.
Cuando los productos y servicios provienen de zonas ocupadas como el Sáhara Occidental Ocupado y los Territorios Ocupados de Palestina (TOP), la huella de vulneraciones de Derechos Humanos es mucho más evidente, ya que de por sí son actividades que se enmarcan dentro de lo que llamamos como «economías ilícitas», es decir, actividades comerciales que se benefician de un contexto que vulnera el derecho internacional humanitario, tal y como declaró ACNUDH en la publicación de una Base de Datos de empresas involucradas en actividades económicas en los TOP. Herramientas como las que pone a disposición Naciones Unidas debería ser suficiente para prevenir que las administraciones contraten a las empresas mencionadas en este listado hasta que se hayan dado los mecanismos de rendición de cuentas, reparación y garantías de no repetición hacia las poblaciones y comunidades afectadas.
El caso de Magal S3: Tecnología de apartheid adquirida con dinero público
El informe “Los muros invisibles de la ocupación. La trazabilidad de los productos de Magal Security Systems en las cadenas de suministro de la (ciber) seguridad en Israel y Palestina” describe uno de estos casos. Magal Security Systems es una transnacional israelí líder mundial en sistemas perimetrales, vallas inteligentes y sensores de detección de intrusos.
Tiene una fuerte penetración en el mercado español, a través de su filial Magal S3 España y sus productos han sido instalados en aeropuertos (El Prat de Llobregat en Barcelona, Reus en Tarragona, Melilla, Zaragoza, Málaga), puertos (Tarragona, Ceuta…), infraestructuras críticas del gobierno (como el Centro de Experimentación de El Arenosillo en Magazón) y otros sectores industriales (Red Eléctrica de España S.A, infraestructuras de Enagas o Endesa).
Los sistemas de Magal Security Systems han sido instalados en 170km de PIDS (Perimeter Intrusion Detection) en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados por valor de 15 millones de dólares. Magal también ha instalado sus PIDS en los asentamientos ilegales de Ariel, Alfei Menashe, Karnei Shomron, Shilo, Geva Binyamin (Adam), Tzofim, Shaked, Giva’at Ze’ev, Oranit e Itamar en Cisjordania.
“Las actividades de Magal no sólo contribuyen a la promoción y mantenimiento de los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania y Este de Jerusalén, sino que usan esa experiencia como claim de marketing” asegura Felipe Daza, Coordinador de Investigación del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas y Shock Monitor y autor del informe “En el caso de Magal, su antiguo CEO, Saar Koursh, ha llegado a señalar en múltiples ocasiones la Franja de Gaza como el salón de exposición más grande de sus productos, afirmando que ‘Todos pueden presentar un bello Powerpoint, pero pocos pueden mostrar un proyecto tan complejo como el de Gaza que se ve constantemente puesto a prueba’”.
La investigación señala otras vulneraciones en la cadena de suministro de Magal, como que los productos ciberseguridad producidos por su subsidiaria Senstar Corporation, incluyen la tecnología Smart-M de Mer Group incluida en el informe A/HRC/43/71 de Naciones Unidas de empresas con actividades económicas en los asentamientos ilegales de los TPO. Además, el propietario último de Magal, FIMI Opportunity Five es un fondo israelí recibe capital de 4 inversores (Bank Leumi, Bank Mizrahi, Bank Hapoalim, Israel Bank Discount) con actividad económica en los asentamientos ilegales en los TPO. A su vez, FIMI invierte en empresas (Tahal Group, Mer Group, G1 Secure Solutions, Amiad y Rivulis) con actividad económica también en asentamientos israelíes en los TPO.
Cataluña es el principal polo de atracción para la inversión israelí en España. La Agencia pública para la Competitividad de la Empresa – ACCIÓ continúa promoviendo la internacionalización de la empresa catalana en Israel sin informar a las propias personas empresarias de los potenciales riesgos legales, financieros, de reputación y de pérdida de fondos públicos que supone invertir en determinados sectores con un impacto negativo potencial sobre la población palestina y los derechos humanos. La oficina técnica de ACCIÓ en Tel Aviv identifica como oportunidad de negocio los segmentos de ciberseguridad, tecnologías financieras y Smart City. En 2018, Israel fue el invitado de honor al Congreso Smart City de Barcelona.
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo y Shock Monitor son iniciativas ciudadanas impulsadas por las entidades NOVACT y SUDS que pretenden identificar las empresas, conocer prácticas y evaluar su respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos y la legislación vigente en materia de Derechos Humanos.
Más información:
VÍDEO DE COMPRAS CON HANAH ARENDT: https://youtu.be/MU6dLfgO_jQ
INFORME ‘LOS MUROS INVISIBLES DE LA OCUPACIÓN’: www.odhe.cat/es/los-muros-invisibles-de-la-ocupacion-la-trazabilidad-de-los-productos-de-magal-security-systems-en-las-cadenas-de-suministro-de-la-ciber-seguridad-en-israel-y-palestina/
NOTA DE PRENSA:
- CASTELLANO: http://bit.ly/NPDeComprasConHannahES
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