La construcción y las infraestructuras es uno de los sectores industriales que mueve más dinero a nivel mundial (el 3% del PIB a nivel mundial, que equivale a 2 trillones de dólares) y supone el 7% de la fuerza de trabajo mundial remunerada.  En Cataluña el 6,5% de la población ocupada trabaja en el sector de la construcción y en el estado español, generó en el año 2015, un 10,4% del PIB. Sin embargo, tan sólo un 10% de las obras de las grandes empresas constructoras con sede central en el estado se realizan dentro de las fronteras estatales.

Dos de los problemas principales del sector son la subcontratación y las complejas estructuras empresariales que intervienen en la cadena de producción, que suponen una pérdida de control y transparencia sobre todo el procesos, desde la extracción de materias primas hasta la gestión de escombros. Aunque muchas de las grandes obras de construcción y de infraestructuras se realizan con financiación pública o con la iniciativa de instituciones públicas, las empresas que extraen las materias primas y que las transforman en materiales aptos para la construcción, normalmente no aparecen en los contratos de compra pública. Como consecuencia, empresas transnacionales pueden estar actuando de manera fraudulenta o violando los derechos humanos fuera sin que ello suponga ningún tipo de coste a la hora de beneficiarse de la  contratación pública o de desarrollar su actividad aquí.

En este informe realizado por el ODHE para la ‘Guia de compra pública 99,3% responsable’ analiza el sector de la construcción y las vulneraciones de DDHH, con ejemplos concretos del Grupo ACS, la Universidad de Nueva York en el Campus Abu Dahbi, EAU, SEMI, o LAFARGE.